El 15 de noviembre ha entrado en vigor la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero.

Esta Ley, incluye innovaciones de base tecnológica aplicables en el sistema financiero y proporciona  instrumentos que ayudan a comprender mejor las implicaciones de la transformación digital, a aumentar la eficiencia, la calidad de los servicios y, particularmente, la seguridad y la protección frente a los nuevos riesgos tecnológicos financieros.

Establece un sistema de ventanilla financiera única para la presentación de proyectos por parte de empresas tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación o cualquier otro promotor interesado. La autoridad competente será la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.

Cualquier interesado podrá formular consultas escritas por medios electrónicos respecto al régimen, la clasificación o la aplicación de la normativa financiera sectorial relacionada con un caso de aplicación de la tecnología a la prestación de servicios financieros.

La contestación deberá producirse a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de dos meses desde su registro, tendrá carácter informativo para los interesados, que no podrán entablar recurso alguno contra dicha contestación.

En el plazo de tres meses se constituirá una Comisión para la coordinación de las actuaciones. Se reunirá, al menos, con periodicidad trimestral y en ella participarán representantes de las autoridades supervisoras y podrán participar igualmente, cuando así lo proponga la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, representantes de otras instituciones del sector

La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional elaborará un informe anual sobre transformación digital del sistema financiero que será remitido a las Cortes Generales por la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y publicado en la página web durante el primer trimestre de cada ejercicio.

Adicionalmente, el informe incluirá las recomendaciones regulatorias derivadas de los resultados de los proyectos experimentales llevados a cabo en el espacio controlado de pruebas. El objetivo de estas recomendaciones debe ser el de adaptar la realidad legislativa a las innovaciones digitales del sector financiero que se hayan mostrado útiles.