El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Industria, que moderniza la vigente Ley de Industria del año 1992. El nuevo texto tiene por finalidad actualizar el marco normativo, para reforzar la competitividad de la industria española y que ésta pueda hacer frente a los retos actuales.
Los tres objetivos principales de la nueva Ley son la re-industrialización de la economía; la digitalización del tejido industrial; y la adaptación a la transición ecológica avanzando hacia un modelo más circular. Por tanto, el objetivo es contribuir a la recuperación, alinear el modelo productivo con la doble transición verde y digital y lograr una mayor cohesión social y territorial.
Entre las novedades que introduce la ley, se favorece la atracción de inversiones en sectores estratégicos con un gran impacto en el empleo y en territorios especialmente afectados por el reto demográfico, creando un entorno favorable para la generación de ecosistemas industriales y proyectos tractores.
Define a las industrias estratégicas, ligando el catálogo de recursos y capacidades recogidas en la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), y establece que los proyectos industriales de interés general serán aquellos que supongan un volumen significativo de inversión y empleo, se incluyan dentro de ecosistemas industriales de los considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional, y se alineen con los objetivos industriales de la UE.
Como medidas de protección e impulso a la competitividad, se reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía, estableciendo medidas de acompañamiento para facilitar su descarbonización y garantiza el suministro de recursos a través de una reserva estratégica; presta especial atención a programas de internacionalización para empresas industriales; apoya la participación en proyectos piloto de I+D+i; introduce la figura de la refinanciación de préstamos a fin de facilitar su devolución; incluye como herramienta de información el visualizador de suelo industrial, y actualiza la estructura de los sistemas de información industriales. Asimismo, la norma establece la obligación de que las empresas beneficiarias de ayudas públicas mantengan la actividad productiva al menos durante cinco años, tres en el caso de las pymes.
El texto, además, recoge por primera vez la ordenación de las crisis industriales. En determinadas circunstancias, las empresas tendrán que comunicar al Ministerio de Industria y a los representantes de los trabajadores el cierre o la disminución de actividad que suponga una pérdida importante de puestos de trabajo.
La norma también refuerza la co-gobernanza del ecosistema industrial y la colaboración entre todos sus agentes. Se crea el Consejo Estatal de Política Industrial, que será un órgano de carácter consultivo, asesor y colaborador. Cada diez años se elaborará una estrategia nacional, y cada cinco una hoja de ruta. Estos documentos contendrán las directrices básicas de la política industrial española. Además, en materia de control administrativo y de vigilancia del mercado en seguridad y calidad industrial, se dota a las autoridades competentes de mayor capacidad para poder desarrollar sus funciones. Se regula un Registro Integrado Industrial, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para integrar la información sobre la actividad industrial, y elaborar estadísticas a nivel nacional. Por último, se actualiza el catálogo de infracciones y sanciones, cuyo importe variará en función de la situación económica del infractor.
El texto aspira a situar a la industria española en la vanguardia de las transformaciones del siglo XXI, reforzando el papel de la industria en la estructura económica y social, fortaleciendo la soberanía estratégica, mejorando la competitividad de la industria en la esfera internacional.
