El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, impulsado por el Ministerio de Justicia, que tiene como objetivo establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, haciendo más accesibles los servicios digitales a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica digital y orientando los sistemas de Justicia al dato.
Este Anteproyecto conforma, junto a la Ley de eficiencia procesal y la Ley de eficiencia organizativa, la base legislativa del Plan Justicia 2030 para transformar el servicio público de Justicia y hacerlo más eficiente.
Reconoce el derecho de la ciudadanía a un servicio personalizado de acceso a procedimientos, informaciones y servicios, avanzando en el Expediente Judicial Electrónico, ampliando servicios y funcionalidades a través de la Carpeta de Justicia.
La norma refuerza la seguridad jurídica digital en las actuaciones y servicios no presenciales, posibilitando la realización de juicios y vistas telemáticas con plenas garantías en entornos seguros.
Así, contempla la regulación de los sistemas de identificación y firma digital electrónica, además de la regulación del sistema Cl@ve Justicia, para la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedimientos judiciales llevados a cabo por videoconferencia.
La reforma tecnológica facilitará también la prestación de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física.
El Anteproyecto introduce medidas como son el derecho a la desconexión digital para favorecer la conciliación familiar y laboral; la cita previa; el trabajo deslocalizado; o la reducción o eliminación de brechas geográficas, económicas, sociales, de discapacidad, de género, formativas o incluso propiamente digitales.
La norma fortalece la interoperabilidad de los sistemas existentes mediante el intercambio de expedientes electrónicos y la transmisión de documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales. Asimismo, recoge expresamente las relaciones e interoperabilidad de la Administración de Justicia con los sistemas de digitalización del país.
Con esta norma se pretende situar a la Administración de Justicia española en la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea, avanzando en la cohesión social y sectorial gracias a la conexión digital, que impulsa la transformación de la Justicia hacia un servicio público, cercano, eficaz y rápido.
El texto normativo está en línea con la Carta de Derechos Digitales promovida por la Vicepresidencia Primera, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, junto con el Ministerio de Justicia, y de acuerdo con la obligación de las Administraciones competentes en materia de Justicia de garantizar la prestación de un servicio público de calidad por medios digitales en todo el territorio.
