El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, a través del cual se pone el foco tanto en el capital humano como en su gestión. Además desarrolla políticas de reclutamiento y selección que aseguren el relevo intergeneracional, orientadas a la captación de talento diverso y a la inclusión de grupos infrarrepresentados.

La propuesta se estructura en cuatro ejes fundamentales: estructura y acceso al empleo público estatal: se define el rol del personal funcionario y laboral, se otorga al Gobierno la facultad de sistematizar cuerpos y escalas, y se norman los criterios de acceso y cese como empleado público; la Carrera y promoción profesional, retribuciones y prestación de servicios: se completa la normativa de la carrera profesional tanto horizontal (progresión en el mismo puesto) como vertical (ascenso a un nivel superior), se establece el orden de las retribuciones incluyendo nuevos suplementos y se regula el teletrabajo; el aprendizaje y formación continua: los itinerarios de formación y la gestión basada en competencias son elementos clave del régimen de empleo público; la ética profesional e integridad: se regulan los derechos y deberes de los empleados públicos y su régimen disciplinario.

El proyecto se inspira en los principios de igualdad de género, garantía del diálogo social (resultado del acuerdo con los sindicatos), gestión por competencias y promoción del talento interno.

Con la aprobación de este proyecto y del RDL 6/2023, se establece un modelo de Administración del Estado fundamentado en la planificación estratégica, de manera que se apuesta por un modelo de gestión de recursos humanos previsor, que otorgue más autonomía a los gestores, apoyado en la tecnología y organizado por áreas funcionales. Además se regula el acceso al empleo público y los procesos de selección, desarrollando estrategias para la captación y retención de talento. Respecto de la carrera profesional, se enfatiza el aprendizaje constante y la evaluación del rendimiento, con posibilidades de progresión. Por último, se fortalece la profesionalización y el liderazgo de quienes liderarán los procesos de cambio.

La necesidad de abordar en nuestro país una reforma de la Administración y del empleo público constituye un compromiso contemplado en el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como objetivos la implantación de un modelo de recursos humanos basado en competencias, la articulación de una carrera profesional que asegure la igualdad entre mujeres y hombres y el desarrollo de una dirección pública profesional que evite una excesiva rotación y asegure una gestión pública orientada a resultados.

La tramitación parlamentaria del proyecto de ley se coordinará con la derivada del RDL 6/2023, así como con los desarrollos reglamentarios y el estatuto de la dirección pública profesional.