El 31 de diciembre de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2021, Ley 11/2020.
Dentro de las modificaciones más significativas destaca la autorización al Gobierno para establecer Asambleas Ciudadanas de Cambio Climático.
Así en la Disposición adicional centésima quincuagésima segunda, se regula la cuestión estableciendo lo siguiente: “Para la elaboración de los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra al cambio climático se autoriza al Gobierno a establecer Asambleas Ciudadanas del Cambio Climático en los tres niveles administrativos: Asamblea Nacional, Asambleas Autonómicas y Asambleas Municipales. Su composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres e incluirá la participación de los jóvenes. Para su desarrollo e implementación en el plazo de un año se dotará de un incremento presupuestario de dos millones de euros en el programa 456N, Sección 23.”
El objetivo, de conformidad con el compromiso alcanzado por el Gobierno en enero de 2020, es reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea que contará con el mismo número de mujeres que de hombres, e incluirá la participación de los jóvenes.
Por lo que respecta a los objetivos que deben orientar al actividad de esta asamblea, se resumen, en iniciar un nuevo modelo de proceso constituyente, dando más voz a la sociedad civil; debatir e intercambiar ideas sobre los temas relevantes como la transición energética o el clima; elaborar de estrategias de acción colectiva y emisión de recomendaciones; ser reflejo de la opinión pública, facilitando el diálogo entra la sociedad civil y los representantes políticos.
En cuanto a las experiencias europeas con este tipo de Asambleas, todas ellas coinciden en los siguientes puntos: los ciudadanos que conforman la asamblea se eligen por sorteo, preferiblemente, se debe remunerar a los ciudadanos por el tiempo que dediquen a la participación en la Asamblea y se debe contar con la participación de expertos para que las decisiones sean informadas.
Así, el Parlamento del Reino Unido creó en septiembre de 2020 la Asamblea Climática del Reino Unido, encargada de debatir sobre cómo debe el Reino Unido alcanzar la neutralidad climática en 2050. De este ejercicio democrático surgieron propuestas concretas, como aplicar un incremento en los impuestos al transporte aéreo, prohibir la venta de todoterrenos urbanos, acelerar el cambio a vehículos eléctricos o reducir el consumo de carne de los británicos.
En Francia, la Convención Ciudadana sobre el Clima, conformada por 150 miembros, ha informado, debatido y realizado recomendaciones y proyectos de ley relacionados con la lucha contra el cambio climático, tratando cuestiones como el ahorro de energía, la renovación térmica de las viviendas, la agricultura, movilidad y transporte y los impuestos verdes. Esta Convención presentó 149 medidas entra las que se encuentran: reducir el límite de velocidad máxima en autopistas a 110 km/h, o desarrollar una etiqueta que evalúe la huella de carbono de todos los productos y servicios.
En el ejemplo irlandés, en julio de 2016 se creó una asamblea de 99 personas que abogó por aumentar la tasa de carbono a los consumidores y crear un organismo para impulsar políticas climáticas.
Si bien a nivel estatal, aún no se ha avanzado en este sentido, en el ámbito autonómico y municipal, varias comunidades autónomas han incorporado la obligación de los poderes públicos de promover la participación social en la elaboración y evaluación de las políticas públicas.
En España, la asamblea ciudadana es uno de los cinco compromisos que adquirió el Gobierno a principios de año. A pesar de que debía haberse constituido en los 100 primeros días de mandato, aún sigue pendiente. El Proyecto de Ley de Cambio Climático que se tramita ahora el Parlamento también recoge esta medida.
