El 21 de enero de 2020 el Consejo de Ministros aprobó la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, en la que se compromete a adoptar treinta líneas de acción para combatir el cambio climático.
Esta declaración se produce en el contexto del Nuevo Pacto Verde de la Comisión Europea, con el consenso de la comunidad científica en la necesidad de adoptar acciones urgentes para salvaguardar la salud y seguridad de las personas y el medioambiente, tras la adopción de políticas tímidas o insuficientes para la mitigación del cambio climático.
Responde además al acuerdo adoptado por la mayoría del Congreso de los Diputados en septiembre de 2019, que instó al Gobierno a declarar la situación de emergencia climática.
De las treinta medidas, cinco políticas o acciones se implementarán en los cien primeros días de gobierno.
En primer lugar, el Ejecutivo se compromete a presentar ante las Cortes un Proyecto de Ley que garantice el objetivo de emisiones netas cero para 2050. Para ello, se impulsará un sistema eléctrico 100% renovable un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
En segundo lugar, se definirá la senda de la descarbonización a largo plazo en nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática con el límite temporal del año 2050.
En tercer lugar, se presentará el Segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que incluirá el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.
Como cuarta acción, se reforzarán los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana de Cambio Climático, que favorecerá la participación de los jóvenes.
Por último, se impulsará la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y medidas de acompañamiento.
El resto de medidas marcará la acción transversal de la Administración Pública en todos los niveles frente a la emergencia climática y ambiental. La variable del cambio climático se incorporará en las políticas de consumo, movilidad, vivienda, educación , cooperación internacional o salud. De hecho, antes de que termine el año el Gobierno se compromete a aprobar el Plan de Acción de Educación Ambiental y Sostenibilidad.
