El
consumo de cemento en España ha cerrado 2017 con un crecimiento del 11%, lo que sitúa la demanda doméstica del pasado año en torno a los 12,3 millones de toneladas, según el Barómetro del Cemento, elaborado por el departamento de Estudios de Oficemen. Este dato, junto a las variaciones en el número de afiliados a la seguridad social, son los indicadores más fiables del estado de salud de la construcción en nuestro país.
Se confirma, por tanto, el inicio de la recuperación del sector, aunque dicho porcentaje, en valores absolutos, solo supone un crecimiento de poco más de un millón de toneladas, una cifra reducida si tenemos en cuenta que desde 2007 la industria cementera ha perdido un 80% de su volumen de actividad. Para 2018, el departamento de Estudios de Oficemen prevé que se alcance un consumo de 13,7 millones de toneladas, con un incremento del 12% en la demanda doméstica.
El consumo de cemento en obra civil se ha reducido un 75% en la última década, pasando de 19Mt en 2008, a 5Mt en la actualidad. Esta situación confirma que la actividad constructora sigue estancada en niveles muy inferiores al volumen normal de actividad para un país como España, que según la media de los últimos 40 años y excluyendo la década del boom, debería situarse en torno a los 25 millones de toneladas anuales.
Además, el grado de ejecución de obras del Ministerio de Fomento hasta noviembre del pasado año fue de tan solo un 64%, 6 puntos inferior al del año anterior, según los datos de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
Este déficit de actividad constructora está generando, entre otras consecuencias, la pérdida de oportunidad en la generación de empleo, ya que la recuperación de un consumo de 25 millones de toneladas anuales permitiría sumar 500.000 nuevas altas a la seguridad social, una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que el volumen total de cotizantes necesario para mantener el estado del bienestar y el pago de las pensiones es de 20 millones de afiliados.
Otra consecuencia negativa es que por primera vez en la serie histórica, exceptuando el periodo de la guerra civil, se está generando desde el 2012 una pérdida de stock de capital público que puede superar los 30.000 millones de euros.