El sector de los áridos, gravemente impactado por los incrementos de los precios de los suministros y la huelga del transporte por carretera, reclama al Gobierno medidas más efectivas y urgentes para subcontratistas y suministradores con el fin de evitar el colapso de la cadena de suministros de la construcción.
Desde hace meses, ha ido creciendo de la preocupación del sector de los áridos por la tensión que los bruscos incrementos de los precios de los suministros (combustibles, electricidad, explosivos, componentes de desgaste, etc.) ha generado en los márgenes comerciales de las empresas de áridos, muchas veces atadas por contratos que imposibilitan las revisiones de las condiciones económicas. En el mes de marzo, lo que era una cuestión que ya estaba dando muchos quebraderos de cabeza a las empresas ha terminado por explotar de forma transversal en todos los sectores productivos del país, afectando gravemente al funcionamiento de empresas y a la vida diaria de los propios ciudadanos.
La situación actual, que se debe a la superposición de una serie de circunstancias aparentemente inconexas entre sí – pandemia de COVID 19, cambio acelerado del modelo energético por la aplicación de políticas de neutralidad climática, crisis de las cadenas logísticas y de transporte, desabastecimiento de materias primas, gastos financieros crecientes –, ha generado un escenario de inflación y de incremento generalizado de costes de suministros a lo largo de 2021, que la invasión rusa de Ucrania ha acelerado exponencialmente en 2022. Efectivamente, la tasa de variación anual del IPC en España en marzo de 2022 alcanzó un récord de 9,8% (la mayor desde abril de 1985).
Una consecuencia colateral de esta situación ha sido la huelga del transporte por carretera que ha tenido, durante dos semanas, un seguimiento territorial desigual, pero en todo caso con un impacto muy fuerte sobre las cadenas de productos relacionados con los áridos (áridos, cemento, hormigón, etc.) haciendo que prácticamente se bloquease la distribución externa de áridos y la recepción de suministros.
La falta de reflejos del Gobierno ante este problema estructural, que se ha abordado con un retraso incomprensible en comparación con otros países de nuestro entorno, y mediante unas medidas muy cuestionadas y polémicas, de dudosa eficacia y de incierto coste futuro para las arcas del país ha agravado la situación innecesariamente.
A remolque de esta situación, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras que, más que ofrecer soluciones reales para resolver el problema, para la mayoría de organizaciones interesadas se trata, más bien, de una operación de maquillaje, sin efectos prácticos positivos sobre subcontratistas y suministradores. Por la magnitud del problema, es evidente que el Gobierno no tiene previsto aprobar acciones concretas y específicas para éstos o que tengan índole subsectorial.
Quizás la mayor contribución de ese Real Decreto ley sea la de reconocer oficialmente algo que era un clamor, esto es el “incremento extraordinario de ciertos costes, incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar en todo contrato público”. Aunque estos y otros párrafos del texto legal son un argumento muy poderoso sobre el que basar cualquier tipo de reclamación de revisión de precios, sin embargo, el alcance práctico del Real Decreto-Ley es extremadamente restringido para las empresas del sector de los áridos, que tendrán muy serias limitaciones para repercutir sus alzas extraordinarias de costes, si no lo hubieran hecho ya. A futuro, no cabe otra opción, pero esa solución tiene el doble filo de poner en riesgo a la cadena de clientes, agravando su situación financiera.
Posteriormente, el Real Decreto-ley 6/2022 ha venido a aprobar el parche de la bonificación a carburantes como medida estrella con una rebaja de 0,20 euros por litro de combustible repostado, incluido el gasóleo, el mantenimiento de las rebajas fiscales en el recibo de la luz hasta el 30 de junio: reducción del IVA al 10%, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% y suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles, los aplazamientos especiales de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5% para empresas de diversos sectores afectados, ayudas para los sectores electrointesivos (entre los que no están los áridos), ayudas directas al sector del transporte (1.250 euros por camión). A ello se contraponen las prohibiciones por despido para las empresas beneficiarias de las ayudas, entre otras restricciones cuanto menos cuestionables.
Pero se está comprobando ya que estas medidas son claramente insuficientes para afrontar la grave situación, para la que se requiere: a] un sistema oficial, objetivo y automático de actualización de los precios de contratos en vigor por los incrementos de costes para los suministradores y los subcontratistas; b] la introducción de cláusulas de revisión de precios en todos los nuevos contratos, incluyendo los de las obras públicas; c] la toma en consideración de los subcontratistas y suministradores en todas las medidas de revisión de precios; d]la elaboración de índices estadísticos oficiales y objetivos de precios de suministros y energía actualizados mensualmente; e] un cambio drástico en la política energética del país y el replanteamiento de ciertos objetivos y plazos de transición energética, algo que no se puede cumplir en el escenario actual, f] la modificación de la recién estrenada Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, para revocar las prohibiciones relativas a la extracción de hidrocarburos y a la minería del uranio, entre otras medidas.
Como es lógico, ésta es desde hace meses una de nuestras áreas prioritarias de actuación, directamente o a través de PRIMIGEA, CEPCO, la ALIANZA, CEOE o CEPYME, pues se requiere el máximo de masa crítica para poder ser escuchados en estas excepcionales circunstancias. Entre las acciones realizadas destacan la participación en numerosas reuniones y la preparación y envío de escritos a varios ministros, secretarios de Estado, portavoces parlamentarios, consejeros y directores generales autonómicos, exponiendo los graves daños que se está padeciendo por los incrementos extraordinario de ciertos costes, la formulación de propuestas concretas (como las anteriores o sobre la energía), la solicitud de adoptar medidas urgentes, la necesidad de establecer un mecanismo más directo para que los subcontratistas y suministradores puedan instar la revisión de los precios de suministro efectuados, así como que se revisen los sistemas e índices de cálculo de los precios de materiales de referencia. También, se han preparado varias notas de prensa sobre esta cuestión y sobre el impacto de la huelga del transporte por carretera.
Asimismo, se está trabajando una propuesta de índice oficial de revisión para los áridos con destino a algunas entidades públicas. Para finalizar con este grave asunto, es importante señalar que, vista la experiencia y el contenido del Real Decreto-ley 3/2022, no está previsto que costes no repercutidos a los clientes a lo largo de 2021, 2022 y ejercicios posteriores, vayan a ser compensados por ningún mecanismo posterior.
