Las Cortes de Castilla y León solicitaron el pasado día 18 de diciembre que la Unión Europea reconozca el derecho de las comarcas mineras de la comunidad para contar con ayudas de los llamados fondos de transición justa.
En concreto, solicitaron dirigirse a la Unión Europea para reclamar el derecho de las zonas mineras de Castilla y León a las ayudas de los fondos de transición justa, fomentar las infraestructuras y proyectos para que sean cofinanciados, disponer de los recursos oportunos en las ayudas de Estado y crear la comisión mixta para evaluar el impacto de la transición justa.
Estos fondos suponen una pieza clave en el New Green Deal, el programa que la comisión Europea pondrá en marcha en el primer trimestre del año que viene.
Estas oportunidades son especialmente importantes para España. Para que la transición hacia un modelo económico más ecológico sea socialmente beneficiosa, en un país con altas tasas de desempleo, esta transición debe acompañar a los sectores económicos en su necesaria transformación, apoyando la I+D+i y la adaptación de las empresas en los diferentes sectores económicos. Y aunque la transición generará numerosas oportunidades positivas, en algunos casos esta adaptación puede provocar también impactos negativos temporales que pueden ser anticipados y paliados.
Las zonas más afectadas por estos cierres, que inicialmente eran unas 18, se han ampliado a 50 lo cual aumenta el temor de que a mayor reparto se reste eficacia a la llegada de dinero destinada a ayudar a las comarcas y a los trabajadores a buscar nuevos recursos económicos.
De momento se pondrá en marcha este primer fondo de ayudas de 5.000 euros, pero forma parte de una iniciativa que espera movilizar hasta 2027 unos 35.000 millones entre inversión pública y privada.
Los países más beneficiados serían Polonia, con diez regiones, Alemania con ocho, España con seis, Grecia con cinco e Italia con cuatro.
