El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas extraordinarias de protección y apoyo para paliar los efectos de la DANA. Estas actuaciones se incluyen en el Plan de Respuesta Inmediata, que supondrá una inversión de 10.600 millones de euros para hacer frente ala emergencia por la DANA.
Las ayudas, tienen como objetivo proteger a los trabajadores y reforzar el tejido productivo en las zonas gravemente afectadas, con especial atención a la protección de las personas más vulnerables.
Respecto de los trabajadores por cuenta ajena o autónomos, se ha creado una incapacidad temporal extraordinaria para aquellos que hayan sufrido daños físicos y psicológicos provocados por la DANA, asimiladas a las derivadas de Accidente de Trabajo. Las prestaciones y por incapacidad temporal y permanente garantizarán desde el primer día el 75% del salario.
En cuanto a los autónomos cuyos negocios se hayan visto afectados directamente por la DANA, el paquete de medidas incluye una mejora extraordinaria en la prestación por cese de actividad, de forma que se ofrece una protección ampliada que asegura sus ingresos y facilita una reincorporación gradual a la actividad cuando sea posible. Podrán acceder a esta prestación incluso si no cumplen con el periodo mínimo de cotización (habitualmente 12 meses), y sin que este tiempo les compute de cara a futuras prestaciones.
Para empresas que se acojan al ERTE y trabajadores autónomos, afectados directamente por la DANA, se establece el coste cero en cotizaciones sociales para mitigar la falta de ingresos, favoreciendo así el mantenimiento del empleo y una rápida reactivación de la actividad productiva, al menos hasta 2025. Este periodo será considerado como plenamente cotizado a efectos de futuras prestaciones.
Asimismo, se aprueban aplazamientos y moratorias con condiciones especiales en el pago de obligaciones con la Seguridad Social para las empresas de zonas no afectadas directamente, pero que han sufrido el impacto de la DANA.
Para las empresas que puedan continuar su actividad, se habilita la opción de solicitar aplazamientos a un tipo de interés reducido del 0,5% durante los próximos cuatro meses, o bien moratorias a un año con interés cero en el pago de cotizaciones sociales.
Con el fin de proteger el tejido productivo, se ofrecerán facilidades adicionales para el pago de cotizaciones a la Seguridad Social, incluyendo la suspensión y ampliación de plazos, así como facilidades para realizar bajas y modificaciones en los datos de trabajadores.
