La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales), SERNAUTO (componentes de automoción) y UNESID (siderurgia), solicita a las diferentes formaciones políticas que, de cara a la próxima legislatura, se dé máxima prioridad al impulso de la industria, tanto por su peso específico en la generación de riqueza y empleo de calidad, como por su carácter netamente exportador y su potencia inversora en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Para ello, es necesario contar, en primer lugar, con una gobernanza de la política industrial eficaz y coordinada entre los distintos departamentos ministeriales y administraciones competentes que garantice un mayor alcance de las medidas que se desarrollen para mejorar la competitividad de las empresas industriales.
La industria proporciona el motor más sólido y estable en una economía y sociedad avanzada. En España genera hoy el 15,3% del PIB de forma directa y el 40% del PIB si consideramos sus efectos indirectos e inducidos en la actividad económica general y en la demanda de proveedores y servicios avanzados, alcanzando un valor añadido global de 490.000 millones de euros. Asimismo, la industria es el mayor inversor en I+D+i y genera el 87% de las exportaciones de bienes (por valor de 340.000 millones €), factores claves para el crecimiento de la economía española que impacta en sus ciudadanos.
Pero, además, la actividad industrial genera de forma directa 2,8 millones de puestos de trabajo (el 13,6% del total de ocupados del país) y 7 millones de empleos considerando los efectos indirectos e inducidos. Es decir, en España, casi el 35% del empleo depende de la industria, siendo el sector que genera mayor empleo de calidad en términos de salario, estabilidad e inversión en formación respecto a cualquier otra área de actividad de la economía española.
A pesar del peso de la industria en el conjunto de la economía española y de las declaraciones en favor de una sólida base industrial en España, es necesario abordar cambios en el entorno regulatorio para favorecer la inversión empresarial en la industria. Ésta se ve con frecuencia lastrada por importantes retrasos administrativos en los procesos de autorización e inseguridades jurídicas, así como por una sobrerregulación a cuatro niveles: europeo, nacional, regional y local. Adicionalmente, la industria europea se está viendo amenazada por las nuevas medidas norteamericanas (IRA) y la española en particular, por la reacción europea a las mismas, lo que convierte en un gran reto el mantenimiento de la inversión industrial en España.
Por otra parte, la energía sigue siendo uno de los principales caballos de batalla de la industria manufacturera, como gran consumidora de energía para sus procesos productivos e intensamente sometida a una fuerte competencia internacional. En ese sentido, es importante adoptar medidas regulatorias estructurales urgentes que permitan resolver el déficit permanente de competitividad energética que nuestro país viene arrastrando históricamente frente a las principales regiones industriales de la Unión Europea, y muy en especial Alemania y Francia, ofreciendo a la industria precios energéticos estables, competitivos y predecibles y asegurar que, en caso de una nueva crisis energética como la que hemos sufrido en los últimos dos años, nuestro país contará con los mecanismos para una respuesta rápida y eficaz que impida o aminore una posible afectación a nuestra economía.
A este contexto de gran volatilidad de los precios energéticos, junto al encarecimiento de las materias primas y los costes logísticos, se suman también los objetivos de descarbonización que la industria debe acometer para alcanzar una economía neutra en carbono en 2050.
Necesitamos una política industrial potente que impulse la inversión industrial necesaria para contribuir a la descarbonización, la economía circular y, en general, a las actividades relacionadas con la sostenibilidad de la industria. El apoyo debe darse en un marco estable de ayudas y medidas, impulsadas con criterios industriales y desde una administración con vocación productiva y empresarial. Asimismo, es clave atraer inversiones en I+D e innovación en un entorno muy competitivo. Otros aspectos como la mejora de la competitividad logística, y la reducción de costes en la fabricación resultan también imprescindibles para avanzar en dicha competitividad.
Resulta imprescindible también contar con nuevas fuentes de energía sostenible como los combustibles y gases renovables (hidrógeno, biogás, biometano…) neutros o de bajas emisiones, así como desarrollar tecnologías de captura, transporte, almacenamiento y uso de CO2. En ambos casos, es preciso establecer mecanismos que aseguren el acceso a precios competitivos, un marco regulatorio que favorezca la rentabilidad y competitividad de los proyectos y desarrollar las infraestructuras y redes que garanticen su suministro.
Para su desarrollo, se hace necesario un marco de incentivos públicos tanto a la innovación como a la producción de combustibles renovables para la descarbonización, así como un marco regulatorio que favorezca tanto la competitividad de la industria consumidora como la rentabilidad de los proyectos en curso y los nuevos proyectos de producción, especialmente de hidrógeno, biogás o biometano en España.
A su vez, es necesario mantener una posición competitiva de la industria europea alineada con la Net Zero Industry Act, donde es perentorio incentivar la investigación, el desarrollo y la innovación como palanca necesaria para el desarrollo de tecnologías de emisiones netas cero, con vistas a lograr una industria tecnológicamente autónoma sin depender de otras regiones geográficas que puedan provocar incertidumbre y volatilidad en los sectores industriales.
Esta coyuntura geopolítica internacional actual, marcada por la situación post-pandemia y el conflicto bélico en Ucrania y su impacto en los costes energéticos y las materias primas industriales, está perfilando un entorno muy tensionado para la industria y sus empresas. Por ello, potenciar la expansión internacional y focalizarse en los mercados exteriores debe ser también un objetivo prioritario tanto para la industria como para el sector público, siendo una herramienta fundamental para continuar afianzando el tejido productivo industrial con efectos también sore el empleo.
Por otra parte, la industria española se encuentra ante el reto de atraer talento joven y muy en particular, talento femenino. En este desafío, que es una prioridad para la industria con una importante repercusión sobre el conjunto de nuestra sociedad, el próximo gobierno, junto con el resto de las administraciones, debe también adoptar medidas que apoyen al sector industrial, generador de empleo de una elevada calidad, en esta labor imprescindible de atracción del talento para asegurar la renovación generacional.
En definitiva, la industria española es un motor sólido, estable y resiliente de crecimiento y una base clave para el desarrollo económico y social de España que, por su capacidad tractora, requiere ser una prioridad de la XV legislatura y una apuesta competitiva clara por parte del nuevo gobierno.
