La única cantera autorizada de la isla tiene reservas para unos pocos meses, lo que podría hacer peligrar las importantes inversiones en infraestructuras en caso de no encontrar una solución a corto plazo.
La situación del sector de los áridos en Canarias no podría ser más alarmante. La ausencia de planificación minera, la inseguridad jurídica de los explotadores y la proliferación de explotaciones ilegales son entre otros, los factores que han propiciado que únicamente exista una cantera en activo en la Isla de Tenerife y que en la actualidad se encuentra en fase de restauración, por lo que se estima que las reservas mineras legales de la isla solamente puedan afrontar la demanda de los próximos 6 meses. Y las perspectivas a medio plazo tampoco son buenas, ya que en la actualidad no se encuentra ningún proyecto en tramitación en la sección a).
Existe una problemática que acompaña a esta circunstancia y que ANEFA – AFA CANARIAS viene denunciando desde 2010, la proliferación de instalaciones en su mayoría ilegales que se abastecen de materiales procedentes de picoteo del territorio. Algunas de ellas legalizadas como plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición que casi en exclusividad se dedican a triturar y clasificar los materiales de excavación procedentes de obras de desmontes, explanaciones, mejoras agrícolas, etc. realizadas con la única finalidad de obtener tierras y piedras para proveer de manera irregular a la obra pública y privada de la isla. Estos materiales se ponen en el mercado sin el preceptivo marcado CE y sin ningún tipo de garantía de calidad de producto, con características variables en función de cuál haya sido su origen y por supuesto sin contemplar las consiguientes medidas de seguridad, tanto en la extracción como en el procesamiento. No es el único problema del uso de estos materiales, otra de las consecuencias inevitables es la menor durabilidad de las infraestructuras que por su deterioro anticipado deberían de ser mantenidos con muchísima antelación a lo previsto y la puesta en peligro de la seguridad de los usuarios por no estar garantizadas los mínimos requisitos técnicos de los materiales. Todo esto supone un fraude a los contribuyentes, que aspiran a una gestión adecuada de sus impuestos en la construcción y mantenimiento de infraestructuras (carreteras, autopistas, colegios, hoteles, hospitales) y ven de este modo un robo de recursos propiedad de todos y que sólo sirve para el enriquecimiento de unos pocos por vías no legales.
