El pleno de las Cortes del pasado 4 de abril aprobaba la modificación de la Ley 2/2013, de 4 de abril, de modificación de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. Dicha normativa declaraba de servicio público de titularidad autonómica tanto las operaciones de vertido como las de valorización de residuos de construcción y demolición, por lo que solamente los concesionarios de estos contratos podían realizar estas gestiones. (En la imagen, momento de la tramitación por el procedimiento de lectura única ordinaria del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas).
La modificación obedece a una solicitud de la AFA de Aragón-ANEFA a los departamentos de Medio Ambiente y de Industria para que las empresas de áridos puedan participar en las operaciones de valorización de este tipo de residuos, tanto para la fabricación de materias primas como en las operaciones de rehabilitación del hueco minero.
La ley de residuos y suelos contaminados, publicada en julio del 2012, establece un horizonte de valorización de este tipo de residuos para 2020 de un 70% de la generación, con lo que la participación del sector de los áridos en la gestión resulta imprescindible para la consecución de dichos objetivos.
