CEOE y CEPYME, han presentado reclamación ante el Ministerio de Trabajo, solicitando que se mantenga la aplicación del sistema de bonificaciones para la formación obligatoria en las empresas, que se ha venido aplicando en España a empresas que bien por mandato normativo, bien por convenio colectivo, deben dar este tipo de formación.
Estas bonificaciones se han venido admitiendo por el Ministerio de Trabajo, el SEPE, la Fundae y el Tribunal Supremo, desde que se implantó este sistema de ayudas en 2004, considerando que estaban plenamente incluidas en el sistema de formación para el empleo y reconocidas como tales en los informes jurídicos del Ministerio y de la Fundación.
Sin embargo, este criterio ha experimentado un cambio desde que a finales de 2022 la Audiencia Nacional dictase una sentencia en la que establecía que la formación de carácter obligatorio en prevención de riesgos laborales no podía ser bonificable al considerar que no se encuentra dentro del marco regulador de la formación profesional para el empleo.
De forma resumida, la sentencia establece la diferencia entre la formación definida según el artículo 8.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo, y la formación dirigida al cumplimiento de las obligaciones legales en materia de PRL.
Entiende la Audiencia que sólo pueden beneficiarse del régimen de bonificaciones las acciones que puedan calificarse como formación para el empleo, criterio que también defiende la Inspección de Trabajo en contra de lo que se ha venido admitiendo por parte del Ministerio, el SEPE, la Fundae y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. De hecho, la propia FUNDAE avaló la bonificación de este tipo de formación según un informe emitido en el año 2018 y, hasta ahora, no ha puesto impedimento o condicionante a la aplicación de la bonificación por esta formación.
CEOE y Cepyme denuncian que el cambio de criterio para que esta formación obligatoria no sea bonificable se pretende aplicar, en algunos casos, con efecto retroactivo y con exigencia incluso de intereses y sanciones, lo afecta de forma especialmente grave a las PYMES.
Asimismo, y dado que cada vez existe más formación obligatoria por ley o por convenio, las patronales cuestionan el sentido de mantener la obligación para las empresas de pagar una cuota que cada vez les sirve para financiar menos formación.
Por todo ello, las organizaciones empresariales reclaman la adopción de medidas normativas y administrativas urgentes que corrijan esta situación y restablezcan la seguridad jurídica.
