Las Cortes de Aragón han aprobado la Ley 13/2023, de 30 de marzo de dinamización del medio rural aragonés.
Dentro de las medidas que establece la norma se encuentra el impulso a las actividades socioeconómicas con el fin de lograr la igualdad de oportunidades y una calidad de vida equivalente para todos los habitantes del territorio aragonés cualquiera que sea su lugar de residencia. Asimismo, contiene los mecanismos adecuados de gobernanza, coordinación interinstitucional y con el sector privado en la aplicación de las políticas sectoriales en el medio rural.
La normativa regula el Programa de gestión territorial de dinamización económica y social para el medio rural, esto se prevé en la Directriz especial de política demográfica y contra la despoblación. Este instrumento de planificación de referencia se ampliará y complementará a través de medidas previstas en la directriz que se deriven de aplicar los objetivos y estrategias para el fomento y promoción del emprendimiento, el trabajo autónomo y el empleo en el medio rural.
El texto aborda el fomento y promoción de la cultura emprendedora en el medio rural a través de la determinación de los objetivos en relación con el eje del Programa de gestión territorial de dinamización económica y social relativo al fomento y promoción de la cultura emprendedora, así como de las actuaciones a realizar en dicho ámbito.
Con respecto al fomento de la actividad económica y el empleo en el medio rural se implementan medidas transversales y de actuaciones cuyo objeto es impulsar la creación y mantenimiento del empleo rural, en especial a colectivos específicos como mujeres, personas jóvenes, parados de larga duración, en riesgo de exclusión y personas con discapacidad.
Regula medidas relativas a actividades económicas como la reactivación de espacios rurales de actividad económica y empresarial, la orientación de las políticas de internacionalización empresarial a la generación de oportunidades, especialmente, para las empresas de sectores vinculados a los entornos rurales o la declaración como inversiones de interés autonómico para Aragón de los proyectos de inversión empresariales o cualesquiera otros que se desarrollen por emprendedores, autónomos, microempresas, pymes y empresas de la economía social en zonas rurales que impliquen una aportación a la cohesión territorial y social, al desarrollo sostenible de estas zonas y al equilibrio demográfico.
La norma contempla el impulso por el Gobierno de Aragón de medidas normativas de incentivos y beneficios fiscales para el establecimiento de un régimen de fiscalidad diferenciada específico de los asentamientos de carácter rural, especialmente, en los ámbitos que afectan a la natalidad, la dependencia, la vivienda y el emprendimiento.
Pretender ser un instrumento que favorezca el desarrollo económico y social en el medio rural, con el establecimiento de fórmulas de cooperación, coordinación y, a la vez, con la promoción de iniciativas que impulsen un desarrollo rural sostenible y eficaz que consiga aumentar la presencia de centros productivos y empresariales, actividades comerciales y de servicios, que permitan consolidar y aumentar la población, siendo el principio rector de actuación principal la configuración del mecanismo rural de garantía.
