Joaquin García, conseller de Economía y Competitividad convocaba el pasado día 17 de julio a los representantes empresariales, sindicatos, cámaras de comercio y grupos ecologistas vinculados al sector para explicar las líneas generales en las que el Govern se había basado para elaborar este primer borrador de normativa.
Tras un breve periodo de exposición pública, en la que el borrador del anteproyecto de Ley de Ordenación Minera de las Illes Balears estuvo disponible en la Web del departamento, el documento entra en una nueva fase de consenso, en la que las partes interesadas podrán aportar sus sugerencias hasta el 1 de octubre. Tras este periodo, se presentará nuevamente a los grupos políticos en el Parlament con el objeto de que la regulación normativa obtenga el máximo apoyo posible antes de su publicación definitiva.
El proyecto de Ley pretende dar la seguridad jurídica que el sector demandaba desde hace años en las islas, estableciendo tanto un procedimiento al que acogerse aquellas explotaciones con diferencias entre la autorización minera y el Plan Sectorial de Canteras para regularizar su situación, como aquellas con instalaciones pendientes de incorporar a sus expedientes mineros.
La restauración será otros de los aspectos clave ya que el Govern ha establecido unos elevados avales para promover que la restauración se realice por etapas, e incentivar así la rehabilitación desde la primera fase de explotación, tras la cual los promotores podrán recuperar las garantías depositadas sobre esta área y continuar con la explotación. El objetivo es que ninguna de las canteras en explotación quede sin restaurar, hecho que hasta el momento no se ha conseguido en centenas de casos dejando importantes huellas en el territorio.
Actualmente, en Balears hay 124 canteras en activo y no se permitirá la caducidad de un permiso de una explotación antes de que se haya restaurado, eliminando el concepto de “cantera inactiva” que recogía el Plan Director Sectorial. En caso de incumplimiento se contemplan duras sanciones, como la expropiación.
Otra de las novedades del borrador, que el conseller quiere consensuar con la oposición y los agentes sociales y económicos, todas las explotaciones mineras de Balears estarán obligadas a obtener la declaración de impacto ambiental antes del 31 de diciembre de 2014 por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente.
Asimismo, el borrador contempla atender solicitudes de explotación en zonas de relevancia ambiental que en principio serán excepcionales. Según indicó el director general de Industria y Energía, Jaime Ochogavía, así se contempla de acuerdo con las recomendaciones europeas de compatibilidad de actividad extractiva en zonas de Red Natura. Así, sólo se podrán plantear cuando no haya otras alternativas y cuente con declaración de interés público. En este caso, el procedimiento contempla la realización de una “evaluación adecuada” y medidas compensatorias.
Anteproyecto de Ley de Ordenación Minera de las Illes Balears
