La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la propuesta del nuevo Reglamento de la UE que prevé sancionar a las empresas y administraciones públicas morosas, además de fijar un plazo de pago máximo de 30 días. Actualmente, el plazo máximo está en 60 días, tal y como estaba contemplado hasta ahora en la Directiva y en la Ley de Morosidad española.

Este Reglamento sustituye a la Directiva de Morosidad y será de aplicación directa a los estados miembro.

Cada estado miembro designará una o varias autoridades responsables de la aplicación del presente Reglamento, que adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago.

Entre otras, podrán imponer o iniciar procedimientos para la imposición de multas y otras sanciones y medidas cautelares a los sujetos responsables de la infracción, además de realizar inspecciones ‘in situ’ sin previo aviso en el marco de sus investigaciones y exigir al deudor que ponga fin a la infracción. Asimismo, los estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones del presente Reglamento, adoptando las medidas convenientes para garantizar su aplicación.

En este documento se contempla que el pago de tasas compensatorias e intereses será legalmente automático en caso de morosidad y facilitará a las empresas hacer valer sus derechos reduciendo la carga y facilitando el acceso a una reparación efectiva a través de la mediación. Lo que supondrá que los litigios resueltos a través de la mediación conllevarán costes menores que los procedimientos judiciales.

Respecto de los costes de compensación, el Reglamento establece que cuando se devenguen intereses de demora, el deudor deberá abonar automáticamente al acreedor una compensación a tanto alzado por los costes de cobro, que ascenderá a una cantidad fija de 50 euros por cada transacción comercial.

La Ley de Morosidad de 2010, en España, marca plazos y pautas, pero no establece sanciones para los incumplidores, de manera que este Reglamento supondrá la aplicación directa del régimen sancionador.

La Comisión Europea ha asegurado que seguirá insistiendo en sus procesos de mejora de la legislación relacionada con los pequeños empresarios, incluida la visibilidad de sus actividades y la competitividad, para garantizar que la legislación y las políticas de la UE funcionen mejor para los pequeños negocios.