El pasado miércoles 22 de enero, el Boletín Oficial del Estado dio a conocer la Resolución de 14 de enero de 2025, emitida por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que aprueba la declaración ambiental estratégica del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2024-2035. Este plan, diseñado conforme a la Directiva 2008/98/CE, busca establecer una estrategia nacional de gestión integral de residuos y fomentar la economía circular en España.

Un paso hacia la sostenibilidad

El PEMAR, que abarca el periodo 2024-2035, pretende mejorar los resultados ambientales en la gestión de residuos mediante objetivos específicos de reutilización, reciclaje y reducción del depósito en vertederos. Se alinea con los compromisos marcados por la Unión Europea para los años 2025, 2030 y 2035.

Entre las medidas destacadas, el plan prioriza:

  • La recogida separada de residuos.
  • La promoción de la reutilización y el reciclaje.
  • La consolidación de mercados para productos reciclados, favoreciendo el uso de materiales reciclados en proyectos públicos y privados.
  • La formación y sensibilización de todos los actores involucrados, desde consumidores hasta administraciones.

Impacto en la construcción y demolición

El plan presta especial atención a los residuos de construcción y demolición (RCD). En este ámbito, se destacan los riesgos ambientales asociados, como la emisión de fibras de amianto y la contaminación del suelo o del agua. Para mitigarlos, se propone un estricto cumplimiento de la normativa de desamiantado y el uso controlado de materiales reciclados.

Organizaciones como ANEFA, Federación de Áridos o la Asociación Española de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición (RCDA) han solicitado medidas concretas, como una guía para validar el fin de la condición de residuo de los áridos reciclados y el establecimiento políticas de compra pública verde con objetivos cuantitativos de reciclaje. Otras entidades, sin embargo, han propuesto instrumentos económicos carentes de fundamentación, como tasas e impuestos para desincentivar el consumo de materias primas naturales como medida para favorecer el mercado de materiales reciclados. A pesar de ser una propuesta contraria a la lógica, tanto ANEFA como Federación de Áridos ya han tenido que defender en anteriores procesos de participación pública del PEMAR 2016-2022 las consecuencias reales de este tipo de medidas, siendo desestimada nuevamente en la tramitación del nuevo PEMAR.

Para este tipo de residuos, el Ministerio indica haber aceptado el 13 % de las sugerencias, en lo relacionado con la concreción del objetivo de residuos de este flujo destinados a preparación para la reutilización, reciclado y otras operaciones de valorización y la identificación de nuevas orientaciones para consolidación de mercados de estos materiales. Como consecuencia de las alegaciones, el PEMAR incluirá como objetivo alcanzar un 75 % en peso de estos residuos a reutilización o reciclado, así como avanzar en las condiciones que han de cumplir los no peligrosos para fines de regeneración y promocionar su utilización en obras (subbases de carreteras, sub-balasto de ferrocarril) incluyendo en los pliegos de condiciones y criterios de valoración de ofertas la utilización de este tipo de residuos valorizados en lugar de materiales naturales.

Residuos de industrias extractivas

Respecto a los residuos mineros, el PEMAR aborda los riesgos de contaminación y su impacto en el agua y el suelo. Se propone la integración de criterios técnicos estrictos para su uso como material de relleno y la coordinación con los planes hidrológicos para garantizar la restauración ambiental de las explotaciones mineras.

Un marco estratégico y colaborativo

Aunque el PEMAR no aprueba directamente proyectos específicos, establece las directrices y estrategias que deben guiar los planes autonómicos y municipales. Este enfoque busca garantizar la coherencia entre las políticas de gestión de residuos a nivel nacional, autonómico y local.

Con su implementación, el Gobierno espera avanzar hacia una economía más sostenible y cumplir con los objetivos ambientales europeos, reforzando el compromiso de España con la transición ecológica y la economía circular.