El 5 de diciembre se publica el Anteproyecto de Ley Orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión. Se trata de una iniciativa que traspone la Directiva (UE) 2022/2381 de Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022, y que avanza en el camino trazado por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
La nueva norma busca garantizar la representación efectiva de las mujeres en los ámbitos decisorios de la vida política y económica. Para ello, introduce modificaciones sustanciales en distintas normas del ordenamiento jurídico español.
Así, modifica la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a fin de garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado, así como en el personal de alta dirección de las entidades del sector público institucional estatal.
Se refuerza la presencia equilibrada en los órganos de decisión de la Administración General del Estado y su sector público, de tal forma que las políticas públicas de cualquier ámbito se ideen, formulen e implementen en ámbitos que respeten dicho principio y tengan en cuenta la perspectiva de género para asegurar con ello una acción pública más eficaz y eficiente, que garantice la igualdad de mujeres y hombres.
También se modificación del Título XIV, de la Ley de Sociedades de Capital, en lo relativo a los consejos de administración y la información societaria. Concretamente, se exige que las sociedades cotizadas aseguren que el consejo de administración tenga una composición que garantice la presencia, como mínimo, de un 40 por ciento de miembros del consejo del sexo menos representado.
Para lograrlo, deberán adaptarse los procesos de selección. En el caso de las sociedades cotizadas se establece como infracción grave el incumplimiento de estas previsiones.
En el ámbito político, la nueva norma busca garantizar la representación efectiva de las mujeres. Para ello, modifica la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las conocidas como listas cremallera.
También traslada al máximo órgano ejecutivo del Estado, el Consejo de Ministros, el principio de representación equilibrada, consistente en que ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% de los puestos en dicho órgano.
Por último, el principio de representación equilibrada deberá cumplirse también en las juntas de gobierno de los colegios profesionales
Con esta iniciativa, España avanza en el cumplimiento de la Agenda 2030, El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda (“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”), incluye entre sus metas la de asegurar “la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”.
