El Consejo General de Economistas en España, ha elaborado un informe que apunta hacia la necesidad de constituir un marco estatal común en materia de fiscalidad medioambiental en España sin perjuicio de que se deje cierta discrecionalidad a las Autonomías y Entidades locales.
Se ha constatado que, a pesar de la creciente preocupación social y política en materia medioambiental, y de la previsión de que los impuestos verdes irán aumentado en todo el mundo, en los últimos tres lustros la presión fiscal medioambiental y el porcentaje de recaudación ha disminuido. En nuestro país la ratio de esta recaudación sobre el total de ingresos tributarios es de un 5,4%, 7 décimas inferior a la media de la UE –6,1%.
Centrándonos en los impuestos españoles, el Impuesto sobre Hidrocarburos representa el 74% de los impuestos sobre la energía y el 61,5% del total de impuestos medioambientales, siguiéndole en importancia el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica –IVTM– que aporta algo más del 10%.
Desde el punto de vista del reparto administrativo, el 82% de lo recaudado por impuestos medioambientales le corresponde al Estado, el 8% a las autonomías y el 10% a las corporaciones locales, aunque la recaudación estatal se reparte luego entre el resto de Administraciones.
Los economistas señalan que existe una falta de coordinación de las distintas administraciones en materia de impuestos verdes y propone la creación de una ley marco de impuestos ambientales con el fin de armonizar las políticas y unificar tributos.
Además, lanza como propuesta la creación de un impuesto estatal que grave las emisiones de NOx y SOx que se reparta entre las autonomías y el establecimiento de un impuesto sobre el agua —propio autonómico— cedido a las regiones.
Por último, propone unificar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, estableciendo cuotas que dependan de las emisiones de CO2 de los vehículos con regulación estatal, aunque la gestión y la recaudación se podrían ceder a las autonomías.
Conscientes de la creciente preocupación ciudadana, que se ha transformado en una generalizada exigencia de conservación y mejora del medio ambiente, consideran que la fiscalidad puede ser una herramienta para atender esta demanda.
Replanteamiento en la fiscalidad medioambiental en España
El Consejo General de Economistas en España, ha elaborado un informe que apunta hacia la necesidad de constituir un marco estatal común en materia de fiscalidad medioambiental en España sin perjuicio de que se deje cierta discrecionalidad a las Autonomías y Entidades locales.
Se ha constatado que, a pesar de la creciente preocupación social y política en materia medioambiental, y de la previsión de que los impuestos verdes irán aumentado en todo el mundo, en los últimos tres lustros la presión fiscal medioambiental y el porcentaje de recaudación ha disminuido. En nuestro país la ratio de esta recaudación sobre el total de ingresos tributarios es de un 5,4%, 7 décimas inferior a la media de la UE –6,1%.
Centrándonos en los impuestos españoles, el Impuesto sobre Hidrocarburos representa el 74% de los impuestos sobre la energía y el 61,5% del total de impuestos medioambientales, siguiéndole en importancia el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica –IVTM– que aporta algo más del 10%.
Desde el punto de vista del reparto administrativo, el 82% de lo recaudado por impuestos medioambientales le corresponde al Estado, el 8% a las autonomías y el 10% a las corporaciones locales, aunque la recaudación estatal se reparte luego entre el resto de Administraciones.
Los economistas señalan que existe una falta de coordinación de las distintas administraciones en materia de impuestos verdes y propone la creación de una ley marco de impuestos ambientales con el fin de armonizar las políticas y unificar tributos.
Además, lanza como propuesta la creación de un impuesto estatal que grave las emisiones de NOx y SOx que se reparta entre las autonomías y el establecimiento de un impuesto sobre el agua —propio autonómico— cedido a las regiones.
Por último, propone unificar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, estableciendo cuotas que dependan de las emisiones de CO2 de los vehículos con regulación estatal, aunque la gestión y la recaudación se podrían ceder a las autonomías.
Conscientes de la creciente preocupación ciudadana, que se ha transformado en una generalizada exigencia de conservación y mejora del medio ambiente, consideran que la fiscalidad puede ser una herramienta para atender esta demanda.
