El pasado día 15 de noviembre, Jaime Gonzalo Blasi, secretario general de COMINROC, César Luaces Frades, secretario general técnico de COMINROC, Lourdes Diez Reyes (ATEDY) y Miguel Gonzalez Gil (ATEDY), han mantenido una reunión con Rocío Pérez de Sevilla Ruiz-Granados y otros dos asesores de la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para poner de relieve la problemática de la industria extractiva relacionada con la tramitación administrativa.
En particular, se insistió en la necesidad de un profundo análisis y diagnóstico de los actuales procedimientos existentes en las Administraciones competentes para su simplificación y coordinación para su adaptación a lo requerido en la legislación de servicios, a través de la revisión de la legislación que afecta al conjunto de las industrias, con el fin de unificar, mejorar y simplificar los procedimientos administrativos como elemento necesario para reactivar la economía, acotando la duración de los mismos, aplicando los principios de ventanilla única y de subsidiaridad, y eliminando trámites redundantes o innecesarios, salvaguardando siempre los derechos de todas las partes.
También se formularon las siguientes propuestas:
- Extensión de la Administración electrónica con procedimientos armonizados entre Administraciones.
- Aplicación extensiva de la declaración responsable en sustitución de la autorización, para trámites periódicos, como la presentación anual de planes de labores, la actualización de planes de restauración, etc.
- Eliminación de la inseguridad jurídica que existe en el sector, en particular con la obtención de licencias municipales, adoptando medidas legislativas dictadas con la finalidad de:
- Asegurar que, en un procedimiento único se obtengan las autorizaciones sectoriales y locales para poder ejercer la actividad.
- Propiciar la regularización de las explotaciones mineras existentes, fuera de ordenación sobrevenida, siempre que dispongan de la debida autorización de la autoridad minera y puedan adaptarse a los imperativos urbanísticos y/o medioambientales y a las normativas de aplicación.
- Coordinación de los procedimientos derivados de la legislación del suelo con otros como la declaración de espacios protegidos para integrar convenientemente la explotación de recursos naturales que supone el uso extractivo con los restantes usos del suelo no urbanizable, para que, a la hora de planificar la ordenación del territorio, sea tenida en cuenta la riqueza minera. Desarrollo de propuestas de reformas legislativas y planes de actuación que armonicen la industria extractiva con las indeclinables exigencias sociales, medioambientales, urbanísticas, paisajísticas y de suficiencia financiera de las entidades locales, incluyendo, en este concepto los planes de ordenación territorial, los planes subregionales así como los planes de ordenación de recursos naturales. Incorporación al marco jurídico existente de un trámite de recalificación urbanística para los casos de descubrimiento de un nuevo recurso minero susceptible de explotación.
Además del documento de propuestas que se entregó, se acordó canalizarlas a través del convenio existente entre la Dirección General y la CEOE para la identificación de cargas administrativas.
