Este pasado viernes 25 de noviembre, la vicepresidenta 3ª y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, anunció la Consulta Pública Previa de la Ley de Minas, procedimiento que ya se ha hecho público y que permanecerá abierto hasta el día 23 de diciembre.

Se sabe que esta iniciativa está directamente vinculada con la respuesta del PSOE a la votación sobre la toma en consideración del proyecto de Ley de Minas presentado este pasado verano por Unidas Podemos y rechazado por abrumadora mayoría del Congreso de los Diputados. Como se trata de un compromiso entre los socios de Gobierno, esto motivó que se recogiera más expresamente en la versión final de la Hoja de Ruta.

Además de lo anterior, la Ley actual se vería afectada en mayor o menor medida por el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de que se desarrollará una Ley Europea de Materias Primas Críticas/Estratégicas, de obligado cumplimiento para los estados miembros, que busque acabar con la actual dependencia que tiene Europa de países externos para satisfacer su demanda. Este texto, que se espera en forma de Reglamento, en 2023, impactaría directamente en las legislaciones sobre la materia, de los 27 estados miembro y, por lo tanto, en la Ley de Minas, lo que muy probablemente obligaría, en cualquier caso, a su adaptación.

Finalmente, en cuanto a los antecedentes, la puesta en marcha de este proceso corresponde con la reciente aprobación y presentación de la Hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto.

Esta consulta, que no tiene una propuesta de texto de la disposición, tiene como objetivo: “recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma”, para conocer los criterios y prioridades respecto a la Ley.

Aunque es muy probable que, en el momento de la legislatura en el que nos encontramos, no se pueda llegar a aprobar una ley de la complejidad técnica y jurídica que tiene la Ley de Minas, es importante que se contribuya a que las prioridades de la industria queden reflejadas convenientemente.

Esta iniciativa busca actualizar la legislación vigente desde 1973 con el fin de dar respuesta a las nuevas necesidades y realidades de un sector y una sociedad en plena evolución que deben enfocarse hacia la transición ecológica y la autonomía estratégica del país.

Entre otros objetivos, la nueva legislación buscará adaptarse al actual al reparto de competencias entre Administraciones, armonizarlo con la legislación medioambiental y sectorial en general, y reducir cargas administrativas fomentando la participación de los agentes implicados.

La Ley de Minas vigente, fue avanzada para su tiempo y supuso un impulso para la industria extractiva como instrumento dinamizador. Abordó cuestiones novedosas para la época, como el necesario respeto al medio ambiente y la necesidad de que la industria se desarrollase buscando el equilibro con la protección de los valores ambientales.

Tras casi cincuenta años de vigencia, es una norma que ha consolidado, a través de la jurisprudencia y reformas legislativas, instituciones mineras, logrando la tan deseada seguridad jurídica. Por tal motivo, no debería cambiarse sustancialmente el objeto y el alcance de la actual Ley de Minas.

En estos 50 años de vigencia de la actual Ley de Minas, se han demostrado fortalezas de determinadas instituciones jurídico-mineras, pero también algunos aspectos que deben ser aclarados y reconfigurados, a partir de la jurisprudencia establecida, como por ejemplo el concepto de técnica minera, el concepto de establecimiento de beneficio, la regulación de la expropiación forzosa o definición de las modificaciones sustanciales.

Sin embargo, desde su promulgación, se han producido cambios de calado en el marco normativo y en el contexto económico y social que hacen extraordinariamente conveniente su adaptación, y singularmente, el advenimiento trascendental del orden constitucional, y la creación de las comunidades autónomas.

Estimamos que este es un presupuesto sine qua non para abordar una reforma del marco regulatorio de la minería con el objetivo de contribuir a establecer un régimen propio de la minería sostenible del siglo XXI e integrada en la lucha contra el cambio climático, la delimitación de los aspectos y materias que tienen la consideración de bases del régimen minero según el orden competencial que resulta del bloque de la constitucionalidad. En otros términos, se debe acomodar la regulación minera a la distribución constitucional de competencias en la materia según dispone la Carta Magna.

Se hace preciso, por tanto, articular un nuevo marco jurídico, en el que se garantice el derecho a la libertad de empresa en el ámbito minero, se proteja adecuadamente este dominio público garantizando su uso racional, se garantice el acceso al recurso minero en términos de buena gobernanza, se otorgue seguridad jurídica a las iniciativas industriales mineras, sean nacionales o extranjeras y se eviten y proscriban actuaciones especulativas, y todo ello, en el justo equilibrio con la ordenación del territorio, la sostenibilidad, la economía circular, la lucha contra el cambio climático, la responsabilidad social, y la seguridad y salud de los trabajadores.

Este futuro texto legal minero debe adaptarse a la organización territorial del Estado en comunidades autónomas, e incorporar instrumentos de coordinación y gobernanza entre las distintas Administraciones, que puedan permitir el desarrollo sostenible de la actividad extractiva en el marco de los principios de la Ley de Unidad de Mercado.

Además, la entrada de España en la Unión Europea ha supuesto la incorporación de un acervo comunitario, que afecta de lleno al ejercicio y regulación de la actividad minera. De este modo, la irrupción de regulaciones transversales, como la protección del medio ambiente y de sus distintos factores ambientales, la delimitación de amplios espacios protegidos, a través de figuras como la Red Natura 2000, a la par que otras políticas europeas, plasmadas entre otras, en la iniciativa de materias primas, determinan la necesidad de abordar un nuevo marco regulatorio minero, conforme con esos otros ámbitos normativos.

En el ámbito de la biodiversidad, la rehabilitación de las explotaciones, durante y al final del ciclo del proyecto, es una de las vías utilizadas por la industria extractiva, para contribuir a su conservación, existiendo, en España y en Europa, numerosos casos de éxito de explotaciones que han sido rehabilitadas y se han convertido, en áreas integradas dentro de la propia red Natura 2000. Esta compatibilidad de la industria minera con los espacios protegidos está confirmada por la Comisión Europea que reconoce que la industria extractiva, correctamente gestionada, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad para la biodiversidad, tal y como lo demuestra la Guía sobre Industria Extractiva no Energética y Red Natura 2000, donde la propia Comisión Europea detalla el procedimiento aplicable, para la autorización de nuevas explotaciones mineras en dichas áreas.

Por tanto, surge la oportunidad de modernizar la legislación básica estatal para que la actividad minera sea una actividad sostenible, integrada en la economía circular y comprometida en la lucha contra el cambio climático (huella del carbono, huella hídrica, etc.), con algunas cláusulas medioambientales relacionadas con estas cuestiones anteriores, así como otras sobre la responsabilidad social empresarial, los aspectos sociales, ambos imprescindibles para la aceptación social de la actividad y de los inversores.

Se debe configurar un nuevo marco legal para la gestión sostenible de las materias primas, congruente con la Constitución, con las políticas de la UE, con el Green Deal y su normativa de desarrollo con incidencia directa sobre esta industria como los futuros reglamentos de restauración de la naturaleza, de salud del suelo, etc. y, en especial, con el futuro texto del Reglamento Europeo para las Materias Primas Críticas, esenciales y estratégicas, que actualmente se encuentra en fase de Consulta y, por supuesto, con la recientemente aprobada Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales.

Desde la industria hemos abierto un proceso para poner en común y consensuar las aportaciones que realizaremos a esta consulta pública, defendiendo los puntos fuertes del actual texto legal, que ha probado su adecuado diseño durante casi medio siglo, sin dejar de lado cuestiones hoy en día básicas como el desarrollo sostenible, la circularidad y el respeto al medioambiente.

En unos días se remitirá a todas las empresas de la industria de las materias primas minerales una propuesta consensuada de aportaciones, para que sea apoyada expresamente por cualquier entidad o ciudadano que voluntariamente decida hacerlo.