El proyecto de ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), que unifica las leyes de ordenación urbanística y del territorio, simplifica los procedimientos y reduce de una media de diez años a unos dos la tramitación y aprobación de los planes municipales de ordenación urbana (PGOU), se aprobará en la primera quincena del mes de julio.

Este proyecto de ley supone una “revolución normativa” que pone fin a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA, 2002) y de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTA de 1994). La nueva ley para el impulso de la sostenibilidad del territorio de Andalucía cuenta con un dictamen favorable del Consejo Consultivo, y se protege más al litoral que con las anteriores leyes. Además, se presta atención a la adopción de medidas en el litoral frente al cambio climático, se clarifican competencias urbanísticas de la Junta y de los ayuntamientos -consensuado con la FAMP y con el consejo de gobiernos locales- y, por primera vez, se incorporan directrices para la protección del paisaje, ha indicado.

Entre las novedades destaca el establecimiento de dos clases de suelo: urbano y rústico, frente al modelo anterior de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, al tiempo que se fija un sistema dual de planeamiento que comprende el Plan General de Ordenación Municipal (lo que antes era el PGOU) para el diseño del modelo de ciudad pero sin descender a cuestiones concretas y de detalle, lo que hace más ágil y flexible el planeamiento, y el Plan de Ordenación Urbana, de ordenación de la ciudad existente, para dar respuesta a sus necesidades de regeneración y rehabilitación.

También se crea la figura del Plan Básico de Ordenación Municipal, más simple y con menor contenido para los municipios con menos de 10.000 habitantes que no sean litorales y no formen parte de aglomeraciones urbanas.

La Dirección General de Urbanismo ya trabaja en los reglamentos de la LISTA y en la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (el POTA), cuya tramitación deberá empezar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la LISTA.

AFA realizó aportaciones centradas en que se considere actividad normal en suelo rústico la minería de áridos y afines y que para la apertura de explotaciones mineras se exija declaración responsable o comunicación previa en vez de la tramitación de la licencia urbanística actual. Un grupo parlamentario ha defendido las propuestas de AFA con éxito, por lo que supondría un revulsivo positivo enorme para el subsector de áridos y afines.