La Federación de Áridos, de la que forma parte ANEFA, se ha adherido a través de Aggregates Europe – UEPG, a un acuerdo industrial para garantizar empleos industriales de calidad en Europa que se enmarca en la Declaración de Amberes (suscrita desde la FdA) que, a su vez, establece diez prioridades para un Acuerdo Industrial Europeo que cumpla con las medidas del Acuerdo Verde (Green Deal) y garantice empleos industriales de calidad en Europa. Este documento, firmado por industriAll European, CEEMET, ECEG, IMA-Europe, CEC Footwear, CEPI, Euratex, Euromines, Eurofer, SEA Europe, la mencionada Aggregates Europe – UEPG, Cotance, Cerame-Unie, Eurometaux, CLEPA, ACEA y Eurelectric.
Para los firmantes del acuerdo existe una necesidad urgente de impulsar una política industrial clara, previsible y de confianza en Europa. Para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y el objetivo de 2040 recientemente anunciado, la producción eléctrica de Europa tendrá que multiplicarse y las inversiones de la industria tendrán que ser seis veces superiores a las de la década anterior. Este enorme reto llega en un momento en que tanto las grandes empresas como las pymes se enfrentan a la recesión económica más grave de la última década: la demanda disminuye, los costes de producción aumentan y las inversiones se trasladan a otras regiones. A esto se añaden los beneficios que está aportando a la economía estadounidense la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), un exceso de producción de China y el aumento de las exportaciones a Europa que aumentan aún más la presión sobre la industria europea. Nuestras empresas se enfrentan cada día a este reto. Se cierran plantas, se detiene la producción y se destruyen puestos de trabajo. Europa necesita urgentemente una estrategia empresarial más decidida.
Una autonomía estratégica abierta es crucial para lograr una UE competitiva y capaz de encarar los desafíos del presente y del fututo. Sin embargo, esto sólo podrá lograrse si las industrias intensivas y fundamentales y energía permanecen e invierten en Europa. Sin una política industrial específica, Europa corre el riesgo de depender de las importaciones incluso de productos básicos. Europa no puede permitirse que esto ocurra.
Así, en la Declaración de Amberes, los firmantes piden específicamente:
– La reducción del riesgo público de la inversión privada, con garantías que aseguren el mantenimiento y la creación de empleos de calidad en Europa.
– Programas específicos para garantizar el acceso y la formación de trabajadores cualificados necesarios para la transformación industrial.
– Fortalecimiento del diálogo social, tal y como se acordó en la Declaración Tripartita de Val Duchesse.
– Una transición justa.
La dimensión social de un Acuerdo Industrial es vital para garantizar su éxito y su aceptación social. Para lograr este objetivo, como interlocutores sociales que representan a empresarios y trabajadores de las industrias manufactureras, mineras y energéticas de Europa, los firmantes apuestan por un Acuerdo Industrial Europeo que:
- Garantice una transición justa para nuestras industrias y empleados
Mientras que la escala de la política industrial y las subvenciones estatales disruptivas en otros lugares, en particular en EE.UU. y China, ha aumentado drásticamente la desventaja competitiva europea con respecto a esos países, la UE debe desarrollar una estrategia industrial sólida que conduzca a la conservación y creación de empleos industriales de calidad en toda Europa. Una política industrial no solo debe consistir en apoyar a los inversores en “tecnologías limpias”, sino también en apoyar la transformación de los activos industriales existentes en las industrias fundadoras, que son partes esenciales de las cadenas de valor estratégicas.
La transformación ecológica y digital nunca ha sido tan complicada como en la actualidad para las empresas y los trabajadores. Esta revolución debe ir de la mano de un marco de Transición Justa que garantice la anticipación y la gestión eficaces del empleo y las competencias; proporcione seguridad a las empresas y los trabajadores que se enfrentan a estas transiciones industriales, esté respaldada por la participación sólida y estable de los interlocutores sociales a todos los niveles; e incluya una formación de calidad.
La disponibilidad de recursos financieros también es necesaria para estimular la inversión industrial en tecnologías y métodos de producción ecológicos y digitales innovadores en Europa, que aseguren el mantenimiento y la creación de empleos de calidad, asegurando al mismo tiempo una distribución justa de la riqueza creada. Unos criterios estrictos en el acceso a los fondos de la UE deben promover una transformación justa de nuestras industrias, centrándose en la cohesión social, el empleo de calidad y la promoción del diálogo social.
- Desarrolle una agenda de renovación y mejora de capacidades profesionales
Las políticas de renovación y mejora de capacidades deben situarse en el centro de un renovado Pacto Industrial Europeo. También son una condición previa para llevar a cabo con éxito la transición ecológica y digital. Como interlocutores sociales, seguimos abogando insistentemente por que los responsables de la toma de decisiones en toda Europa apoyen firmemente la recualificación y la mejora de las capacidades y formación de la mano de obra industrial, en particular en las industrias que están experimentando transformaciones tecnológicas significativas.
Es necesario tomar medidas urgentes para mejorar las competencias de los trabajadores a través de una educación y formación profesional continua (EFPC) pertinente para el mercado laboral a lo largo de toda su carrera profesional.
Los interlocutores sociales a todos los niveles tienen un papel fundamental que desempeñar a la hora de anticipar y gestionar las necesidades de cualificación y de organizar la mejora y el reciclaje profesional. Por ejemplo, son actores clave a la hora de asesorar y orientar a los trabajadores, especialmente a los poco cualificados, sobre la importancia de seguir una formación, así como a la hora de facilitar información sobre la naturaleza de la formación, adaptada a las necesidades de las empresas y a las competencias de los trabajadores.
Las pymes se enfrentan a problemas específicos a la hora de poner en marcha planes de formación. Las ayudas específicas deben desplegarse de forma sencilla para que las autoridades, las empresas y los trabajadores pongan en marcha planes de cualificación adecuados y adaptados a las necesidades de los mercados laborales.
Muchos planes de mejora y reciclaje han demostrado su eficacia a nivel nacional y regional y han impulsado de forma efectiva la participación en la formación en nuestras industrias. Los responsables políticos de la UE deberían facilitar un intercambio estructurado de buenas prácticas y aprovechar estos ejemplos de éxito.
Unos sistemas de FP con capacidad de respuesta son cruciales para hacer frente a la escasez de cualificaciones adecuadas que prevalece en nuestras industrias y para impulsar nuestra base industrial. Los responsables políticos de la UE deben garantizar que se disponga de la financiación adecuada y que se destine a las prioridades correctas (transiciones ecológica, digital y demográfica) para apoyar el buen funcionamiento de los sistemas de educación y formación profesional. Además, debería ser posible flexibilizar las normas que rigen la financiación de la UE en caso de una transformación importante, en particular para las pymes y las regiones que no disponen de otros recursos específicos.
La rápida transformación de nuestras industrias pone de relieve la creciente demanda de profesionales relacionada con los sectores relacionados con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Intensificar la inversión en estudios y disciplinas relacionados con estas materias es una necesidad vital para llevar a cabo la transformación ecológica y digital.
Además, las estrategias para anticipar las necesidades de competencias son vitales para diseñar programas de educación y formación que estén orientados al mercado laboral, pero que sean lo suficientemente amplios como para proporcionar una base para la formación continua si las necesidades cambian.
- Promueva el diálogo social y la participación de los interlocutores sociales
El diálogo social es un pilar fundamental del modelo social europeo y es hoy un componente crucial para hacer frente a la doble transición.
A nivel nacional, los interlocutores sociales sectoriales desempeñan un papel fundamental en la configuración del mundo laboral en el marco de la negociación colectiva. Los convenios colectivos siguen siendo una herramienta importante para hacer frente a la rápida transformación que está experimentando el mundo laboral debido a múltiples factores estructurales, como la doble transición, la escasez de mano de obra y de mano de obra cualificada, el envejecimiento de la población activa, etc. Estos acuerdos proporcionan un marco para abordar los retos del mercado laboral y adaptar las condiciones de empleo a las necesidades cambiantes del mundo del trabajo.
Un diálogo social sólido y eficaz puede contribuir significativamente a la competitividad industrial y a la creación de empleos de calidad. De hecho, los países con interlocutores sociales fuertes y una mayor prevalencia de la negociación colectiva tienden a tener mercados laborales más resistentes, caracterizados por un menor número de trabajadores mal pagados y niveles reducidos de desempleo.
Los responsables políticos nacionales y de la UE deben defender el papel clave que desempeñan los interlocutores sociales respetando plenamente su autonomía. Es esencial dejar a los interlocutores sociales el margen de maniobra necesario para encontrar las soluciones a medida más adecuadas y eficaces que puedan resolver los crecientes retos del mundo laboral. Los interlocutores sociales sectoriales conocen mejor lo que ocurre sobre el terreno y los problemas a los que se enfrentan sus trabajadores y empresas, por lo que, en cooperación, pueden tener en cuenta la especificidad de sus empresas y de los trabajadores de un determinado sector.
Los interlocutores sociales sectoriales desempeñan un papel importante en la configuración de las condiciones de trabajo y la fijación de salarios a través de los sistemas de negociación colectiva establecidos en muchos Estados miembros. Debe respetarse la autonomía de los interlocutores sociales. El buen funcionamiento de los sistemas de negociación colectiva es el núcleo de las relaciones laborales y, por tanto, de la competitividad industrial y del empleo de calidad.
A escala de la UE, y habida cuenta del papel privilegiado que el TFUE otorga a los interlocutores sociales, los responsables políticos de la UE deberían garantizar sistemáticamente que se consulte a los interlocutores sociales en los plazos adecuados sobre todos los temas relacionados con el empleo, así como sobre aquellas iniciativas que tengan un impacto en el mercado laboral.
En la transformación en curso, todas las políticas y propuestas legislativas están interconectadas. En consecuencia, las políticas ecológicas y las políticas industriales, por ejemplo, ejercen un impacto sustancial en los mercados laborales y en sus principales actores: las empresas y los trabajadores. En vista de ello, seguiremos abogando por que los responsables políticos consulten a los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de tales políticas. Garantizar la participación de los interlocutores sociales es esencial para abordar de forma exhaustiva las implicaciones de las diferentes iniciativas políticas en el mundo del trabajo.
- Garantice un entorno normativo estable y coherente para nuestras industrias
Nuestras industrias y nuestra mano de obra operan hoy en día en una economía altamente compleja, competitiva y globalizada y en un mundo de crecientes incertidumbres sociopolíticas y económicas. Junto con estos retos, nuestras industrias y su mano de obra se enfrentan actualmente a cambios tecnológicos masivos mientras tratan de cumplir con la transformación verde y digital.
La fragmentación actual del marco regulador de la UE para nuestras industrias crea un contexto de incertidumbre que socava la inversión y debilita la demanda del mercado. La UE debe remodelar y mejorar las normas del mercado único eliminando los obstáculos al comercio transfronterizo y a la movilidad laboral, incluido el desplazamiento. Deben establecerse medidas de aplicación eficaces y eficientes, junto con el derecho penal, para luchar contra las agencias e intermediarios de suministro de mano de obra fraudulentos.
La Comisión debe presentar propuestas para racionalizar y articular mejor la normativa, garantizando que la legislación de la UE beneficie a todos, incluidos los trabajadores, las empresas y los sindicatos. La Comisión también debe llevar a cabo amplias evaluaciones de impacto y controles de competitividad antes de proponer nuevas normativas, incluyendo un estrecho seguimiento de la capacidad de inversión, cualificación e innovación. El Consejo de Control Reglamentario y los controles de competitividad deben defender las condiciones de trabajo y las normas medioambientales y de protección de los consumidores. Los interlocutores sociales deben participar en el Consejo de Control Reglamentario.
Para nosotros, una regulación de calidad es una inversión a largo plazo en interés general y una base sólida para el buen funcionamiento del mercado interior.
Como concluye la Declaración de Amberes, “necesitamos mantener la industria en Europa porque la industria aportará las soluciones climáticas que Europa necesita. Soluciones que los ciudadanos y los gobiernos pueden utilizar, pero que sólo pueden ser inventadas y aplicadas con rapidez y escala por la industria, y el apoyo de los gobiernos. Sólo con un tejido industrial fuerte y un diálogo social reforzado en Europa podremos garantizar que la transición verde sea una Transición Justa, como se acordó en la declaración tripartita de Val Duchesse. Una industria europea competitiva, basada en un Pacto Industrial Europeo, es la condición imprescindible para el éxito del Pacto Verde de la UE. También es la única manera de demostrar al resto del mundo que el Pacto Verde funciona para todos“.
